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Los candidatos a diputados provinciales por el Partido Justicialista del departamento Capital Teresita Madera y Ricardo Quíntela, compartieron un desayuno con abuelos, docentes y trabajadores que forman parte de la Universidad de la Tercera Edad.

También, estuvo presente la ministra de Desarrollo Social Griselda Herrera y demás funcionarios del Ministerio. En la oportunidad los candidatos a diputados provinciales del PJ, recorrieron las instalaciones del edificio al que concurren más de 1000 abuelos y visitaron las obras de refacciones de la salas de informática, arte y radio.

De esta manera, la actual legisladora Nacional Teresita Madera resaltó que “hoy están arreglando esta casa que es la casa de nuestros abuelos, este lugar constituye un espacio no solamente para aprender un taller sino también es un espacio donde puedan sentirse contenidos, queridos, útiles y reconocidos”.

Igualmente, destacó que “con Ricardo asumimos un nuevo compromiso, poniéndonos a consideración de los vecinos en las diputaciones provinciales y lo vivimos con mucha responsabilidad aportando nuestra experiencia, la que hemos ido cosechando durante muchos años de trabajo por la gente de nuestra provincia”.

En tanto que, el candidato a diputado provincial Ricardo Quintela señaló que “hemos sido convocados para representar a nuestro partido y lo hicimos porque tenemos un compromiso muy fuerte con nuestra sociedad y porque el gobierno nacional ha venido transitando un camino totalmente diferente, generándonos situaciones muy difíciles”.

Por lo que, indicó y concluyó que “es por eso que queremos participar en este proceso electoral, ponernos en consideración de la gente, por el compromiso a nuestra sociedad, para defender los derechos que están siendo vulnerados y especialmente los de nuestros mayores”.

Para jóvenes de Capital

La Subsecretaría de Juventud informa que el viernes 28 de abril se realizará la capacitación #YoPuedoProgramar, iniciativa que es articulada con la Subsecretaría de Juventud de Nación y Microsoft Argentina. Las jornadas se desarrollarán a las 10 y 18 horas en el Centro de Veteranos de Malvinas, en el barrio Antártida. El curso es gratuito, destinado a jóvenes de 15 a 25 años de la Capital y el cupo es limitado.
En esta oportunidad se brindará la primera etapa de la capacitación que acerca conocimientos básicos en programación y diseño digital. Los asistentes recibirán una certificación avalada por Microsoft. Para inscripciones las interesados deben acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Juventud, ubicadas en calle Santiago del Estero 369, de 9 a 13 y de 18 a 21 horas.

El subsecretario de Juventud, Juan del Moral, informa que el lunes 24 de abril se dará inicio a los Cursos de Capacitación Juveniles 2017. Se trata de un conjunto de 8 cursos gratuitos, con cupos limitados.

 

Las cursos que se dictarán son:

-Diseño gráfico y audiovisual: lunes de 17 a 18.30 y martes de 18.30 a 20.30.

-Inglés: lunes y jueves de 18.30 a 20.

-Portugués: lunes y jueves de 20.30 a 22.
-Fotografía: martes de 20 a 21.30 y jueves de 17 a 18.30.

-Informática: miércoles de 18 a 21.

-Secretariado administrativo y jurídico: martes de 10 a 12.

-Diseño y confección de carteras: viernes de 18 a 21.

-Locución, Oratoria e Interpretación: martes y jueves de 20 a 21.30.

 

Los interesados deben acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Juventud ubicadas en Santiago del Estero 369, de 9 a 13 y de 18 a 22. Los cursos son gratuitos, están destinados a jóvenes de 16 a 35 años y los cupos son limitados.

 

Del Moral destacó el apoyo del gobernador Sergio Casas por apostar e invertir en políticas públicas de juventud que benefician a la educación de los jóvenes, y posibilitar dar continuidad a los cursos de capacitación que Juventud realiza cada año. Resaltó que en 2016 fueron capacitados más de 800 jóvenes y en este año apuestan a llegar a más de 1200. Asimismo, dio a conocer que Juventud también realizará estos cursos en distintas localidades del interior provincial.

TIENE 40 AÑOS Y ACABA DE RECUPERAR SU VERDADERA IDENTIDAD
Nació en la ex Esma y es hijo de Iris Nélida García Soler y de Enrique Bustamante, secuestrados en 1977 por la última dictadura cívico-militar.

El hijo de Iris Nélida García Soler, nacido en la ex Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar, separado de su madre y apropiado, recuperó su identidad y se convirtió en el nieto 122 de la historia de búsqueda y lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos.

El joven es hijo de García Soler, una joven mendocina, y Enrique Bustamante. Según Abuelas de Plaza de Mayo informa en su registro de nietos buscados, Soler y Bustamante fueron secuestrados por personal de la Policía Federal en enero de 1977 en la pensión en la que vivían, en la ciudad de Buenos Aires. Eran militantes de Montoneros. Ella estaba embarazada de tres meses. Ambos fueron vistos en el centro clandestino de detención Club Atlético, que funcionó dentro de la órbita de la Federal en el cruce de Paseo Colón y San Juan. A Iris su familia la llamaba “Tita” o “Pajarita”, pero durante su cautiverio su apodo cambió. La “Lobita”, la identificaron compañeros de encierro, por su vínculo con Enrique, a quien en la militancia se lo conocía como el “Lobo”.

Durante el cautiverio, el embarazo de Iris llegó a término; fue llevada a la ex Esma para dar a luz. Parió un varón y fue separada de él. El bebé fue uno de los 400 niños y niñas apropiados durante la última dictadura y buscados por Abuelas de Plaza de Mayo hasta hace algunos días. Ella, al igual que Enrique, permanecen desaparecidos.

Ayer, trascendió que, producto del trabajo de décadas de las Abuelas, se convirtió en el nieto recuperado número 122. El joven tiene 40 años, dos hijos y no vive en la ciudad de Buenos Aires. Por el momento, está en proceso de recuperar su identidad y el contacto con su familia biológica, algunos de cuyos miembros supieron de la noticia y la celebraron. “Quiero compartir esta emoción e indescriptible alegría que acabo de vivir al conocer la noticia que ha sido encontrado mi sobrino apropiado”, escribió Alicia, prima hermana de Iris. “Imaginarán la enorme felicidad de toda la familia al saber que pronto este joven que vive en el interior, podrá conocer a su familia biológica después de una larga espera y quizás una eterna búsqueda”, continuó.

DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2017

 Hace unos meses, las imágenes de televisión mostraron a un grupo de manteros que corrían agresivamente a un patrullero policial. Parecía una sátira. Fue risible si no hubiera sido también lamentable y dramático. Hace poco, en los días de la epifanía piquetera, se vieron grupos de personas, por lo general con la cara cubierta, arremeter violentamente contra las fuerzas de seguridad. Un gendarme resultó con un ojo seriamente herido en las recientes refriegas para desalojar la Panamericana.

Durante 12 años, las fuerzas policiales fueron agredidas por manifestantes, y también lo están siendo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una negociación avanzada ahora entre la administración de Macri y sectores del peronismo (en el Senado, fundamentalmente) promueve una dura modificación del Código Penal para elevar las penas de los que agredan o desobedezcan a integrantes de las fuerzas de seguridad. Un agravante que aumentará las penas será la agresión o la rebeldía con la cara cubierta. En las últimas manifestaciones apareció un grupo, que se autodenomina Resistencia Piquetera, cuya singularidad consiste en que todos sus integrantes llevan el rostro oculto. Esa modalidad es una advertencia inconfundible de que se está por cometer un delito. ¿Para qué, si no, esconderían la cara?

De esa negociación participan cuatro interlocutores, por ahora.

Los ministros de Justicia y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, y los senadores Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. La presencia de este último permite agregar a un quinto protagonista: el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, jefe político del peronismo salteño. No se estableció todavía quién presentará formalmente el proyecto en el Senado. Podría ser el peronismo, a través de Urtubey, o el propio gobierno. El dato significativo es que tanto el oficialismo como la oposición seria concluyeron que la calle no puede ser propiedad de piqueteros sin límites ni medidas.

El objetivo final del proyecto es que la ley, más que la represión, sea la que termine disuadiendo a los violentos. El temor a la cárcel existe entre piqueteros y sindicalistas. ¿Ejemplo? En los días de fiesta piquetera de hace un mes, nunca apareció Fernando Esteche, el líder de la violenta agrupación Quebracho. Esteche está en libertad condicional y regresaría a la cárcel si fuera detenido por cometer un nuevo delito. Un caso aparte es el de la Justicia. La modificación del Código Penal busca también dejar sin alternativas a jueces demasiado benevolentes. Muchas veces las fuerzas de seguridad recibieron la orden judicial de no actuar ni detener a los autores de delitos cometidos en el marco de protestas sociales. Jueces y fiscales proclamaron que se corría el riesgo de un uso indebido de la fuerza del Estado.

Los autores del proyecto aclararon que éste “no busca criminalizar la protesta ni limitar o impedir el derecho a manifestarse”. Pero tales manifestaciones sociales deberán hacerse pacíficamente y dentro de la legalidad. La idea (y la negociación) surgió después de que la administración y la oposición responsable constataran que se mezclaban en el espacio público el reclamo genuino con las operaciones desestabilizadoras. La CGT, por un lado, que pidió autorización para exponer sus críticas y hacer su acto, aunque éste se desmadró luego. Por el otro, los piqueteros con la cara cubierta o grupos violentos de izquierda, como los que terminaron arruinando la concentración cegetista. El problema se agrava porque los recursos actuales del Código Penal son muy limitados para llevar ante la Justicia a los grupos violentos.

En concreto, el proyecto que circula entre los negociadores aumenta a entre tres y seis años de prisión la pena para el que intimide o agreda a un funcionario público y a las fuerzas de seguridad que le presten asistencia. La pena será de cuatro a ocho años de prisión si la agresión se diera en el contexto de un piquete o se usaran armas, palos, proyectiles o material explosivo. Esta última y más elevada pena de prisión se aplicará para los que usen contra las fuerzas de seguridad algún vehículo.

El proyecto también prevé penas de seis meses a un año de prisión para el que desobedezca una orden de cumplimiento inmediato emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Esto es: para desalojar un piquete o cualquier obstrucción de la vía pública. La pena se elevará de uno a tres años de prisión si, además, empleara la fuerza o la intimidación para resistir la orden. La pena aumentará de dos a cuatro años de prisión si los culpables ocultaran su rostro o si tocaran con sus manos a las autoridades. Por autoridades se entiende a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

La reforma está inspirada en legislaciones vigentes en Colombia, Chile, Uruguay, Perú y España. Y tiene antecedentes en anteproyectos de modificación del Código Penal de 2006 (gobierno de Néstor Kirchner) y 2012 (gobierno de Cristina Kirchner). También un proyecto parecido de reforma fue presentado en 2015 por diputados nacionales del massista Frente Renovador.

La participación de Pichetto y Urtubey consolida una mayoría en el Senado, donde el Gobierno está en franca minoría. El oficialismo espera sumar en la Cámara de Diputados a Sergio Massa y, quizás, a Diego Bossio. Primero el proyecto deberá ser aprobado por el Senado. Desde ya, esta modificación del Código Penal será duramente criticada por los partidos de izquierda y por los movimientos sociales. Si el Congreso finalmente aprobara la modificación, se acabaría con un enorme margen de impunidad para trastornar el espacio público. Cierto orden en las calles y rutas fue una promesa electoral de Macri, pero es también una ambición del peronismo que aspira a recuperar el Gobierno. En rigor, sólo el peronismo kirchnerista fue extremadamente condescendiente con el desorden público; el peronismo menemista no lo fue. Tampoco Perón, cuando estuvo en el gobierno, fue comprensivo ni tolerante con los disturbios en el espacio público.

La falta de respuesta del Estado en estos años a la violencia piquetera se respaldó en dos argumentos. Uno refiere al derecho a la protesta y a la defensa a ultranza de la política de no reprimirla, sobre todo cuando reclama por cuestiones sociales. El otro es más político y difícil de probar: desde Néstor Kirchner hasta Rodríguez Larreta se escuchó el razonamiento de que las fuerzas de seguridad podían tirarle un muerto al Gobierno. Es cierto que hay policías provinciales, como las de Buenos Aires y Neuquén, que no hacen nada o, cuando hacen, terminan con uno o dos muertos. Son emblemáticos los casos de Kosteki y Santillán, en Buenos Aires, y del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén.

La Gendarmería, a su vez, siempre desmintió que fuera culpable de la muerte de dos activistas, en diciembre de 1999, durante el desalojo del puente que une Chaco con Corrientes. Es, en efecto, un problema más de la impericia (o de las conspiraciones) de las policías provinciales que una cuestión generalizada de las fuerzas de seguridad. Entre muertos reales y eventuales, entre el temor de la política y la parálisis de las fuerzas de seguridad, se fue consolidando una cultura según la cual todo es posible. Desde obstruir autopistas (donde los automovilistas quedan definitivamente atrapados) hasta escupirles y pegarles a policías, gendarmes y prefectos.

Otro proyecto de reforma del Código Penal, esta vez del Gobierno, limita seriamente el delito de sedición y amplía los márgenes de la libertad de expresión. En verdad, el director de la División América de la prestigiosa organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió en su momento a Macri que derogara el delito de sedición. Fue cuando protestó por la prisión de Milagro Sala. El Gobierno está negociando ahora con esa organización y con Amnesty International las modificaciones al Código Penal que prevé proponerle al Congreso. En síntesis, el proyecto estipula que en ningún caso podrán interpretarse como un delito de sedición las expresiones o los hechos que se efectúen en el ejercicio de derechos humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

En este caso, el Gobierno toma distancia velozmente de la experiencia venezolana, donde Nicolás Maduro mete presos a sus opositores por la mera sospecha de que quieren tumbarlo. O de lo que podría haber sido el cristinismo si hubiera continuado en el poder. También Cristina Kirchner apelaba a la supuesta sedición cuando alguien le decía que no. Vagamente redactado, el delito de sedición es una herramienta eficaz para los gobiernos autoritarios que tienen la eternidad como meta.

Parece incomensurable y brutal, el odio desatado por el gobierno nacional contra el gobierno constitucional y popular de esa provincia y el pueblo Santacruceño.

Extorsión,ahogo financiero,provocación y puesta en escena con amplificación e instigación mediática para crear una realidad caótica y así generar condiciones para destituir a la legitima autoridad demócratica.

Es lamentable la operación pergeñada en las sombras del poder y exteriorizada con “saña” contra una gobernadora elegida por la soberania popular, que es victima de un criminal ataque institucional,por el hecho de ser,de un signo politico opuesto al del gobierno nacional y llevar el apellido Kirchner.

Asi estamos. Con una calidad institucional declamada,por los mismos que la maltratan y la violan sistemáticamente y, que tienen el doble estandar,de agitar protestas destituyentes como claramente es ésta, y reprimir legitimas protestas del pueblo trabajador frente al despojo del ajuste del gobierno de Macri.

El repudio y condena a ésta maniobra provocadora,violenta y destituyente del gobierno neoliberal de Cambiemos en connivencia con conocidos medios de comunicación,con hambre insaciable de poder.

La solidaridad,con la Mandataria de Santa Cruz,ALICIA KIRCHNER,que representa la legitimidad de la soberania popular y que mantuvo inalterable,a pesar de las afrentas permanentes de que es blanco por parte del gobierno nacional y los operadores locales,una probada conducta democrática sin reprimir jamás ninguna manifestación de reclamo.

Fuerza Alicia. A la fuerza irresponsable y ciega del odio el escudo vigoroso del amor,la razón y la responsabilidad institucional y democrática.

Delfor ” Pocho” Brizuela
Frente Transversal y “La 20” de La Rioja
Secretario de DDHH de La Rioja

Proyecto de Ley de Fuerza Cívica Riojana – PRO
La alianza Fuerza Cívica Riojana – PRO presentó en la Legislatura un proyecto de ley que entró en estado parlamentario y que propone modificar la Ley de Coparticipación Municipal, trasladando la fecha de corte de empleados municipales reconocidos por el Gobierno Provincial hasta el 31 de diciembre de 2015.
A partir de esta cuestión, el diputado nacional y ex gobernador de La Rioja planteó su preocupación por lo que considera un intento “desestabilizador”, a partir de propuestas “demagógicas” y que evidencian un “profundo desconocimiento”, en un contexto de campaña de cara a las elecciones legislativas del 4 de junio.
El proyecto de ley de la alianza que representa a Cambiemos en la provincia, que pretende modificar uno de los puntos clave de la Ley de Coparticipación Municipal en lo que a designación de empleados públicos respecta, impactaría de lleno y con graves consecuencias sobre el presupuesto de las municipalidades, especialmente en la de Capital, lo que provocaría un desfinanciamiento total, dejándola prácticamente imposibilitada de cumplir no sólo con los compromisos salariales, sino que también pondría en jaque la normal prestación de servicios, convirtiendo a la comuna en un mero “pagador de sueldos”.
En este sentido, Beder Herrera manifestó su preocupación por las “serias contradicciones en las que incurre Fuerza Cívica Riojana, encabezada por la diputada provincial Inés Brizuela y Doria”, a lo que agregó que “se trata de una constante en la oposición que permanentemente busca destruir, en lugar de construir”.
Al respecto, el representante riojano en la Cámara de Diputados de la Nación sostuvo que “a todas luces se trata de un intento de “desestabilizar no sólo a la Municipalidad de la Capital, sino también de lanzar un tiro por elevación que impacte luego en la Provincia, teniendo en cuenta que en lo que a cuestiones financieras y económicas respecta, estas medidas de corte electoral terminan impactando siempre en las ya golpeadas arcas del Estado provincial”.
De igual manera, pero siempre en relación a las últimas medidas propuestas por FCR, Beder Herrera remarcó las “marcadas incoherencias” en la que caen los representantes de Cambiemos en La Rioja y, en el particular, en lo que respecta a la postura expresada públicamente por el presidente Mauricio Macri en lo que respecta al empleo público.
Como se recordará, el mandatario nacional pidió expresamente “dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar el Estado en un aguantadero”, e hizo especial hincapié en el pedido de “rigurosidad con las contrataciones de personal”, lo que además se traduce en una fuerte presión a las provincias para que bajen el déficit fiscal.
Otra de las grandes contradicciones marcadas por el ex gobernador provincial se relaciona directamente con los fondos coparticipables y extracoparticipables, cuestión que preocupa y mucho al Gobierno provincial, dado el marcado retraso en el envío por parte de Nación, tal como lo expresó recientemente el gobernador Sergio Casas, en referencia a los casi 600 millones de pesos adeudados a la Provincia.
En este sentido, Beder Herrera señaló que “es muy llamativo que Fuerza Cívica Riojana y la diputada provincial del sector, Inés Brizuela y Doria, no pongan el mismo énfasis expresado para solicitar la modificación de la Ley de Coparticipación Municipal, en función de hacer respetar la Ley de Coparticipación Nacional que viene postergando a La Rioja desde el año 1988, cuando se le quitó un punto vital para el normal crecimiento de la provincia”.
Asimismo, el ex mandatario provincial recordó que “la alianza FCR-PRO tiene además en su líder Julio Martínez al ministro de Defensa de la Nación, aunque esto lejos de redundar en beneficios para la Provincia, no ha hecho más que pronunciar la indiferencia de Nación, como no había ocurrido nunca antes, en el envío de fondos extracoparticipables que hacen al funcionamiento de la economía riojana”.
“Todas estas cuestiones no hacen más que abonar el terreno como para realizar un claro planteo en relación a la postura de la oposición en La Rioja que, al mismo tiempo, es oficialismo en la Nación y que en sus actitudes mezquinas y de tinte electoral buscan dar lugar a un escenario de desestabilización y otro duro golpe a las economías de la Municipalidad y la Provincia”, concluyó.

Autoridades del Instituto Provincial del Agua La Rioja y del municipio de Rosario Vera Peñaloza, realizaron una visita de inspección en la localidad de Mascasin para extraer una muestra de agua y analizar condiciones de aptitud para ser potabilizada.

La visita de trabajo surge a partir del re descubrimiento de los vecinos de la localidad de Mascasín de una perforación que se encontraba en desusa hace unos cuarenta años a metros de las vías del ferrocarril y de la que se pretende re utilizarla para abastecer a la población.

Ante esta situación, autoridades del Ipalar llegaron hasta la localidad para conocer la condición en la que se encuentra la excavación y obtener una muestra para determinar la aptitud del agua que se obtiene.

De esta visita participaron el administrador del Instituto del Agua Adolfo Scaglioni, acompañado por ingenieros de la Dirección General de Mantenimiento de Ipalar, el Intendente de Rosario Vera Peñaloza Cristian Pérez, el vice intendente José Gallardo y el secretario del interior municipal Mario Amaya.

Sobre los trabajos a realizarse, el titular de la cartera del agua sostuvo que “Ante el redescubrimiento por parte de los vecinos de esta perforación, nosotros vamos a tomar una muestra para saber si es apta para el consumo y vamos a cumplir con la necesidad de la gente de aprovechar esa agua”.

Además, Sacaglioni resaltó que en esta localidad los vecinos eran asistido “por otra perforación que se deterioró en su estructura y de la cual nos encontramos trabajando para que la podamos entubar de nuevo y recuperarla porque tanta falta les hace y con esta perforación no tenía problemas Mascasín”.

Por último, el administrador de Ipalar destacó el trabajo mancomunado que se viene realizando con el municipio departamental y dijo que “Es un día de mucha alegría porque a muy pocos días de haberme hecho cargo del Ipalar, es el primer departamento al que vine y con el que desde entonces estamos trabajando. Y con un equipo de trabajo que tiene un oído puesto permanentemente en todo el interior que es donde se padecen estas necesidades”, finalizó.